Más allá de denuncias y quejas, la CNDH cuenta con casi 16 mil 800 registros de personas desaparecidas, entre extraviadas y fallecidas no identificadas.
A principios de abril, el organismo había revelado que tenía datos de 8 mil 898 muertos sin identificar y de 5 mil 397 extraviados o ausentes, para 14 mil 295.
No obstante, en entrevista con Crónica, el primer visitador, Luis García, dio a conocer que se han sumado otras 2 mil 487 víctimas, para un total exacto de 16 mil 782.
“Pedimos más información a procuradurías, corporaciones policíacas y hospitales, además de que se presentaron nuevas quejas y sumamos otros 2,487 desaparecidos, es una segunda actualización y ahora estamos trabajando para determinar si son extraviados, fallecidos no identificados o desapariciones forzadas”, detalló.
Con el exceso de reportes, las investigaciones de la Comisión se han incrementado: en 2009 se abrieron 115 expedientes, en 2010 fueron 154 y en lo que va de 2011 se avanza en 1,373, para mil 801 indagatorias activas.
“Este tipo de expresiones son las que han generado denuncias al gobierno mexicano por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como la que se presentó ante la Corte Penal Internacional, pero el tema va más allá, tiene que ver con impunidad”, señaló García.
Refirió que el 90 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país no se denuncian: “Según el propio INEGI, en el 2010 hubo 22 millones 715 mil delitos, pero sólo 2 millones se denunciaron, ¿qué pasó con los otros 20? ¿Y de los 2 millones cuántos terminaron en sentencias y aún más, cuántos en reparación del daño? Tenemos información de que sólo en el 1 por ciento de los casos hubo sentencias, es una eficiencia institucional irrisoria”.
La exigencia en la CNDH, dijo, “es que no quede un solo delito o violación a derecho sin investigar y que se sancione a los servidores públicos involucrados”.
Expedientes. Durante lo que va del sexenio calderonista, la Comisión ha mantenido abiertos 304 expedientes por desaparición forzada de personas que involucran a 500 agraviados; en éstos se ha señalado la participación de alguna autoridad. Sin embargo, desde 2008 las denuncias se han disparado: 24 expedientes ese año, 70 en 2009, 70 en 2010 y 129 en lo que va de 2011.
Se han emitido ya ocho recomendaciones por casos de este tipo, dirigidas principalmente a la Sedena, a la PGR, a la Marina, a la Secretaría de Gobernación y a la Policía Federal.
“La exigencia es que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen protocolos para una identificación verdadera de víctimas, y podamos hablar de un número real, las cifras oficiales tienen el problema de la cifra negra, no sabemos cuál es el universo de víctimas, y habría que ponerles nombre y apellido para que se les haga justicia”, afirmó García.
— ¿Qué representa entonces la denuncia contra el gobierno ante la CPI? —se le preguntó.
—En el contexto internacional, lo coloca en una situación de vulnerabilidad y como un Estado de impunidad…
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