El presidente Felipe Calderón Hinojosa advirtió que analiza "todas las alternativas para proceder legalmente" contra los 23 mil mexicanos que denunciaron al gobierno ante la Corte Penal Internacional de La Haya por cometer delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Además, Calderón Hinojosa defendió nuevamente su estrategia de seguridad, y rechazó categóricamente las imputaciones "falsas y calumniosas que un grupo de personas realiza ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional".
"Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales".
En un comunicado de prensa, el primer mandatario aseguró que se su gobierno ha procedido legalmente en casos donde se han detectado y probado violaciones a derechos humanos e insistió que las fuerzas federales son desplegadas a petición de los gobernadores.
"El Gobierno de la República ordenó que se apoyara a tales autoridades y se combatiera a la delincuencia organizada con estricto apego a la ley. En estas acciones, las fuerzas Federales cumplen con sus deberes constitucionales y legales, señaladamente los de cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la Seguridad Interior del país, coadyuvar en el establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, y se han desempeñado bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas", expresó Calderón Hinojosa.
La Presidencia de la República consideró "absurdo" equiparar las acciones de un gobierno democrático para garantizar la seguridad con delitos de lesa humanidad, que se cometen por Estados "autoritarios".
En los casos excepcionales, "tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas ni mucho menos resultado de una política institucional".
Para el Presidente de la República México tiene una "democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo".
Calderón Hinojosa enlistó una serie de reformas recientemente aprobadas por el Congreso que demuestran el compromiso del Estado con el respeto a los derechos humanos, como son los cambios en la la Constitución en materia de Derechos Humanos, Penal, y de Amparo, y que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantías de Derechos Humanos que se haya realizado en México en décadas.
"Estas reformas demuestran además, que el esfuerzo del Gobierno no se limita a enfrentar y combatir a la criminalidad, sino que ha emprendido una profunda reforma legal e institucional para mejorar substancialmente a los órganos encargados de la Seguridad y la Procuración y Administración de Justicia en todo el país. Esta reforma se lleva a cabo a través de nuevas leyes y la transformación de Instituciones como la Policía Federal o la Procuraduría General de la República, así como a través del impulso permanente a las entidades federativas para que realicen la depuración y fortalecimiento de sus cuerpos policíacos, ministeriales y judiciales", agregó.
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