Como parte de los esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas hacia México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que las armerías de cuatro estados del suroeste del país tendrán que avisar al gobierno federal cuando detecten compradores frecuentes de rifles de alto poder.
Bajo la nueva norma, los vendedores de armas con licencia federal en Texas, California, Arizona y Nuevo México deben reportar compras de dos o más de ciertos tipos de rifles cuando las haga la misma persona dentro de un lapso de cinco días. El requisito es aplicable a compras de rifles semiautomáticos que tengan cargadores desmontables y un calibre superior a .22.
La vocería del gobierno de México en materia de seguridad manifestó en un comunicado su "beneplácito" por la decisión del gobierno del presidente Barack Obama y señaló que continuará colaborando con Estados Unidos para mejorar las condiciones de seguridad en ambos lados de la frontera común.
El gobierno del presidente Felipe Calderón ha señalado en varios momentos que parte de la violencia del narcotráfico en México se explica por la incapacidad de Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas, incluidas las de alto poder que llegan a caer en manos de los carteles de las drogas.
La nueva política se anuncia en momentos en que hay fuertes críticas a la fallida investigación federal denominada Operación Rápido y Furioso, cuyo fin era desmantelar redes de tráfico de armas a gran escala en la frontera de Arizona con México.
En esa investigación, varios agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) dijeron que sus superiores les ordenaron detener el seguimiento de algunos compradores de poca monta, quienes adquirieron un gran número de armas aparentemente destinadas a cárteles de narcotraficantes.
Veinte compradores de armas de bajo nivel han sido acusados en la operación. En diciembre, dos rifles de asalto, comprados en una tienda de armas en Glendale, Arizona, por uno de los compradores de poca monta ahora acusados, aparecieron en la escena de un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En un reciente testimonio ante el Congreso, el agente de la ATF John Dodson estimó que 1,800 armas de fuego de la operación Rápido y Furioso fueron dadas por desaparecidas, y que alrededor de dos terceras partes están probablemente en México. La ATF estima que la nueva norma generará 18,000 reportes al año.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, dijo la semana pasada que un reporte de su oficina documenta que un 70% de las armas vendidas en los estados de California, Texas y Arizona terminan en México.
El mes pasado, tres senadores estadounidenses divulgaron un reporte en el que señalaron que el 70% de las armas confiscadas en México y sometidas a un programa de rastreo provenían de Estados Unidos.
La violencia del narcotráfico ha dejado más de 35,000 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado.
