En la Procuraduría General de la República (PGR) hay más de 100 personas que cobran sin trabajar, informó la propia dependencia federal como parte de una respuesta a una solicitud de información.
La PGR precisó que esas personas tienen una licencia sindical que fue solicitada por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de esa institución, Humberto Nava.
A través de una solicitud de información, con el número 0001700038311, esa dependencia federal dio a conocer el nombre de 106 personas a las que se les paga su sueldo íntegro sin cumplir con sus responsabilidades laborales.
Los sueldos mensuales de esas personas van desde los cinco mil hasta los ocho mil pesos, aunque ni siquiera se tiene la certeza de que cubran alguna responsabilidad de tipo gremial.
En el documento de la PGR, otorgado a través del IFAI, se precisa que hasta abril de 2011, “respecto a las licencias con goce de sueldo por comisión sindical, se han otorgado 106 licencias, a solicitud del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría General de la República para funciones de carácter sindical de los servidores públicos “.
La dependencia precisa que hasta la fecha referida no se han expedido licencias sin goce de sueldo al personal de base, y que todos los permisos se han otorgado con salarios y las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador.
Los permisos fueron solicitados para atender las actividades y compromisos con alrededor de mil 200 empleados de base.
Según lo investigado por este diario, esas licencias fueron otorgadas desde 2004, y han sido renovadas.
Al preguntar vía telefónica a ese sindicato para conocer la ubicación del personal de PGR con permisos, funcionarios gremiales aceptaron que ni siquiera conocen a muchos de ellos.
Tal es el caso de Mónica Zea Martínez, Miguel Vega Pérez, Delia Tamayo, María del Carmen Sánchez Villaseñor, Blanca Sánchez Fernández, Sandra V. Rivera Aguirre, Dolores Rivas Tolentino y Jaime Ramírez Torres, entre 27 personas a las que dijeron no conocer.
En otros casos, en el propio sindicato se informó que a algunos de los “funcionarios con permiso sindical” se les puede ubicar en sus propios negocios, como Juan Marcos Rosales Pacheco, en un despacho de abogados.
En la lista hay varias personas que promovieron su retiro voluntario, pero que siguen cobrando gracias al permiso sindical que se le otorgó por parte de la institución, según el informe de la Procuraduría.
Tal es el caso de Roberto y Jesús Sánchez Mejía, mientras que a Adrián Mireles Belmonte también se le identificó como trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social.
Aunque este diario buscó a la directora de Comunicación Social de la PGR, Adriana Cuevas Argumedo, para conocer la postura de la institución, personal cercano argumentó que la funcionaria estaba en juntas, por lo que no pudo establecerse el contacto.
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