Reformas y adiciones a diversas disposiciones que permitirán hacer un frente común, homogéneo e impenetrable contra la extorsión telefónica dentro de los centros de readaptación social, aprobó por unanimidad el Pleno de la 59 Legislatura de Sonora.
El dictamen, que deriva de una iniciativa promovida por el diputado Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, fue presentado por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, en forma unida, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Sonora y del Código Penal para el Estado de Sonora.
La reforma, leída por el propio legislador que la propuso, plantea la regulación del uso de líneas telefónicas por parte de los internos de los centros de readaptación social, así como sanciones para quienes porten y usen aparatos portátiles de comunicación celular en los reclusorios, con una penalidad que sería de tres a cinco años y de 100 a 300 días multa.
Dentro del mismo documento, se aprobó también un Acuerdo para exhortar al resto de las legislaturas de los estados, con el fin de que, de no contar con leyes relacionadas con el tema de esta iniciativa, legislen sobre la regulación y el uso ordenado de telefonía y aparatos de comunicación electrónicos al interior de los centros penitenciarios y tipifiquen como delito esta conducta.
A propuesta del diputado David Secundino Galván Cazares, misma que fue aprobada por unanimidad de los integrantes de las comisiones, se le adicionó al dictamen una disposición para que se homologue la tarifa de servicio público telefónico en los centros, tal como está establecido para el resto de los usuarios.
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