Por el robo a ductos de Pemex, la Cámara de Diputados aprobará esta semana la reforma al Código Penal Federal, en el que establecen imponer de tres a seis años de prisión y de 500 a mil días de multa a quienes suministren litros incompletos de gasolinas y diesel.
Esa misma sentencia se aplicará a quienes vendan litros alterados de gas o modifiquen los instrumentos de medición para robar hidrocarburos, según también se establece en las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El integrante de dicha comisión y diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Josué Valdés Huezo, expuso que con esta reforma se dará un instrumento para desmantelar la red de dueños de gasolineras que alteran las medidas de los hidrocarburos.
Esas redes, reveló, utilizan instrumentos de software para alterar las máquinas despachadoras que les reditúan ganancias anuales por más de 40 mil millones de pesos.
"Al gasolinazo mensual que aplica el gobierno federal, se suma este robo hasta ahora impune que afecta a millones de mexicanos y que en algunas ocasiones merma hasta 20 por ciento de cada litro que se paga", sostuvo el legislador.
En entrevista, expuso que a los propietarios o gerentes de gasolineras se les aplicará una sanción de entre cuatro y seis años de cárcel y de 50 a mil días de multa a quien despache una cantidad inferior del 1.5 por ciento de los que aparezca registrado en la bomba.
"La sanción será para los propietarios y gerentes, no para los despachadores porque estos trabajadores no son los beneficiarios de este robo millonario", aclaró Valdés Huezo.
A su vez, el diputado federal por Nueva Alianza y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Gerardo del Mazo, hizo un exhorto a las autoridades.
Dicho exhorto fue dirigido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para reforzar los mecanismos de supervisión con el propósito de aplicar las sanciones a todas las gasolineras que vendan combustible adulterado.
También propuso coordinar las estrategias de supervisión, revisión y control de estos establecimientos, ya que actualmente Pemex sólo realiza 2.5 visitas por gasolinera al año, subrayó.
El legislador de Nueva Alianza, quien promueve un punto de acuerdo para que Pemex realice dicha estrategia, manifestó que la venta de gasolina adulterada forma parte de una cadena de corrupción en el país.
Señaló que algunas personas introducen ilegalmente a México combustibles más baratos comprados en Estados Unidos, los cuales posteriormente mezclan con otros productos para después comercializarlos.
Del Mazo aseveró que algunos concesionarios de gasolineras solicitan a Pemex llenar de 30 a 50 por ciento los tanques de sus establecimientos para completar el resto con queroseno, principal elemento que se utiliza para rebajar los combustibles, mismo que tiene un precio mucho menor que el de la gasolina real.
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